Javier Leo / Redacción. Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno frente al catálogo priorizado de medicamentos implantado por la Xunta de Galicia el 30 de diciembre de 2010, por lo que su aplicación queda suspendida de forma cautelar hasta que se dicte sentencia.

Pilar Farjas flanqueada a su izquierda por Sagrario Pérez, secretaria general de la Consejería de Sanidad gallega, y a su derecha por Rocío Mosqueda, gerente del Sergas.

Según explica la resolución, a la que ha tenido acceso Redacción Médica, el Gobierno tiene la potestad para impugnar y suspender leyes autonómicas como la gallega, pero el TC, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. Sin embargo, las partes afectadas solo cuentan con un plazo de quince días para formular sus alegaciones al proceso.

Por otra parte, el pleno del TC ha admitido también a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno frente a la Xunta, por el que se aprueba el catálogo priorizado, así como contra las actuaciones determinantes de la aprobación del mismo y contra el propio catálogo priorizado.

Con esta resolución, el TC suspende también la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que solo un día antes había denegado la suspensión cautelar del catálogo ante la petición de la Federación de Farmacias de Galicia (Fefga). En esta segunda providencia, el plazo de alegaciones será de 20 días.

Industria y distribución aplauden la medida

Tras conocerse la suspensión cautelar, la patronal de las farmacéuticas en España (Farmaindustria) ha puesto de manifiesto su satisfacción y ha señalado que confía en que se “restaure la unidad y cohesión del mercado que esta medida había quebrado, y que los pacientes gallegos vean recuperada la equidad en el acceso a la prestación farmacéutica”.

Por su parte, desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) han recordado que las iniciativas unilaterales que planifican o están implantando diferentes Comunidades Autónomas, no solo la gallega, con el fin de recortar la factura farmacéutica pública “fragmentan el mercado nacional, lo que también perjudica el desarrollo de las empresas del sector”.